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Apartamentos ilegales de Ses Covetes

Ses Covetes (Illes Balears) Ficha por: Alba Sud

La Justicia ha puesto fin a una de las batallas territoriales más emblemáticas de Mallorca. Tras 18 años de lucha llega una orden de demolición de los 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes. Sin embargo surgen nuevas amenazas contra el territorio.

La Justicia ha puesto fin a una de las batallas territoriales más emblemáticas de Mallorca. El Grupo Ecologista GOB y los nacionalistas del PSM han necesitado 18 años y 20 resoluciones judiciales para conseguir una orden de demolición de los 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes. Desgraciadamente, ni este éxito que parecía que no llegaría jamás, permite olvidar otras amenazas contra el territorio que están más vivas que nunca. No se entrevé redención posible para Mallorca.

Por fin, la Justicia

Campos, Mallorca, 1992. El Ayuntamiento concede una licencia de obras para construir 68 apartamentos en suelo no urbanizable en la franja de dominio público marítimo-terrestre fijado por la Ley de Costas de 1988 a la promotora Marina Ernst. El proyecto se ubica en uno de los extremos de la playa virgen más emblemática de Mallorca: Es Trenc.

El Grupo Ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) denuncian lo que consideran una ilegalidad flagrante. El Ayuntamiento consideraba que los terrenos donde se querían levantar los apartamentos eran urbanos, y por tanto solamente tenían que respetar una franja de 20 metros desde el mar. Los denunciantes argumentaban que los terrenos no eran urbanos y que, por tanto, el proyecto debía respetar una franja de 100 metros. El año 1994 empezaron las obras y cuando las estructuras de los 68 apartamentos ya estaban levantadas, el 1995, la Justicia dió la primera alegría a los ecologistas, declarando nula la licencia y los 13 edificios que albergan los apartamentos se paralizaron.

Pero era solamente el principio de una larga batalla jurídica. La promotora quería defender sus intereses y el Ayuntamiento de Campos la legalidad de la licencia. Durante buena parte de lo 18 años que ha durado la lucha, el consistorio ha destinado cientos de miles de euros públicos a intentar demostrar que la licencia era correcta. Ni la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears (Mayo de 2007), ni la posterior confirmación por parte del Supremo (2010), no parecían hacer cambiar de opinión al Partido Popular de Campos. La tozudez municipal ha alargado el proceso, y lo ha hecho muy costoso para los vecinos de municipio mallorquín. Los apartamentos de Ses Covetes han sido un verdadero símbolo de la Mallorca codiciosa y cegada por el dinero.

Algunos hombres buenos y algunos hombres que sólo piensan en el cemento

Uno de los episodios clave en esta maratón sucedió en 1994, cuando la Justicia reclamó un aval de 120.000 euros (entonces 20 millones de pesetas) a los denunciantes. 10 miembros del GOB y 10 del PSM avalaron con su patrimonio esta alta exigencia, que sería clave para que, un año después, se suspendieran las obras.

La promoción de Ses Covetes, impulsada por Marina Ernst, cambió de manos cuando su futuro judicial ya era muy incierto. Un grupo de empresarios del sur de Mallorca, liderados por Sebastiá Sagreras “Peixet” se hicieron con los apartamentos. Una operación curiosa, si se tiene en contra que ya había sentencias en contra. Sebastià Sagreras se mostraba en una entrevista en prensa “absolutamente convencido” que todo era legal, y aspiraba a reclamar 60 millones de euros de indemnización a quien osase demoler el complejo.

No pasó desapercibido que su hijo llegara a alcalde la presente legislatura. Con la última sentencia de demolición, Sebastià Sagreras hijo no quiso ahorrar al Ayuntamiento una sola actuación decididamente contraria al interés general, y envió un nuevo recurso al Tribunal. La respuesta, inmediata, fue calificar el escrito de “fraude” y connivente con la promotora.

Hace unos días, el Ayuntamiento ha tenido que aprobar una partida de 200.000 euros para demoler los edificios antes del mayo de 2013. Antes ya había pagado miles de euros en gastos jurídicos para defender una ilegalidad, y ahora el consistorio, es decir los vecinos, tendrán que pagar el derribo. Como dijo “Peixet”, “lo acabará pagando el pueblo de Campos.”

Mercè Pinya / Alba Sud

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